Alfonso Ambrosio
Gamboa Farías.
Atilio Ernesto
Ugarte Gutiérrez.
Fernando del
Carmen Carvajal González.
Agapito del Carmen
Carvajal González.
Winston Dwight
Cabello Bravo.
Manuel Roberto
Cortázar Hernández.
Raúl del Carmen
Guardia Olivares.
Raúl Leopoldo de
Jesús Larravide López.
Edwin Ricardo
Mancilla Hess.
Adolfo Mario Palleras Norambuena.
Héctor Leonelo
Vincenti Cartagena.
Pedro Emilio
Pérez Flores.
Jaime Iván
Sierra Castillo.
Ricardo García
Posada.
Maguindo
Castillo Andrade.
Benito Tapia
Tapia.
Estos son los
nombres de las víctimas de la Caravana de la Muerte en su paso por Copiapó. Dos
días duró la fatídica visita del General Sergio Arellano Stark, con su comitiva
de oficiales a esta ciudad. Todo comenzó cuando el helicóptero Puma aterrizó,
alrededor de las ocho de la noche. Era un 16 de octubre. Arellano portaba un
documento firmado por el Comandante en Jefe del Ejército donde le daba amplias
atribuciones en materia de detenidos por razones políticas. Él quedaba a cargo
de las decisiones.
Según consigna
el expediente judicial, el grupo de Arellano Stark junto a militares del
regimiento Atacama llevaron a cuatro detenidos en el regimiento a un camión, se
detuvieron en la cárcel de Copiapó, desde donde sustrajeron a nueve prisioneros
más y en el mismo vehículo se dirigieron a la Cuesta Cardone, se alejaron unos
200 metros de la carretera, los hicieron bajar y les dispararon.
Rubén Herrera es
un sobreviviente. Él estuvo detenido desde el 2 de octubre en el regimiento. Se
entregó luego que lo amenazaran con detener a su esposa si no lo hallaban. En
el regimiento cuenta que se encontró con
Leonello Vicenti, Pedro Pérez, Winston Cabello, Jaime Sierra, entre los que
recuerda como sus más cercanos. A Leonello lo trasladaron a la cárcel
previamente a la llegada de la caravana.
Un mes antes,
Rubén había sido operado de una úlcera gástrica, razón por la cual comenzó a
sangrar luego de las sesiones de tortura, con electricidad, golpes de botas
militares en su estómago. El día 16, la hemorragia era muy fuerte y perdía el
conocimiento, razón por la cual un militar lo llevó a la enfermería, lugar
desde donde pudo escuchar al grupo de militares que deliberaba sobre los
nombres de quienes iban a matar. La enfermería estaba ubicada en una sala
contigua a la fiscalía.
- Yo escuchaba,
cuando estaba consciente, una lista de nombres. En esa lista me mencionaban a
mí, pensé que era para asustarme, pero también que era real. Horas antes que
los mataran vi a Winston Cabello, le dije ‘nos van a matar’, le conté lo de la
lista, que la decían en voz alta y que nos iban a matar… vi que le corrieron
las lágrimas y no pude abrazarlo porque había un soldado entre nosotros. Esa fue
la última vez que nos vimos –relata Rubén recordando ese trágico momento.
Pero la suerte
entonces estuvo de su lado, al menos para él, porque llamaron a un médico y en
vez de acudir el titular, llegó otro, el mismo doctor que había operado a Rubén
un mes atrás, quien fue muy firme en decir que se encontraba en peligro de
muerte y debía llevarlo inmediatamente al hospital. Así se hizo. Horas más
tarde, durante la noche, llegó Armando Fernández Larios con varios militares más
a buscarlo a la sala donde estaba hospitalizado. Rubén se estaba levantando
siguiendo las órdenes del oficial cuando el médico apareció en la habitación,
se enfrentó a la comitiva e impidió que se lo llevaran. Eso le salvó la vida,
un médico que se interpuso ante la decisión de la comitiva. En el hospital, ya
más seguro, lo hicieron dormir mediante calmantes. Sólo dos días más tarde
despertó y se enteró de la terrible noticia que la lista había sido real y sus
compañeros ejecutados.
En la ciudad, a
través del diario y las radios el día siguiente conocieron la información
entregada por el gobierno, en torno a que los prisioneros iban a ser
trasladados a la Cárcel de La Serena y que, ante un desperfecto mecánico del
vehículo, intentaron arrancar y por esa razón fueron fusilados amparados por la
ley de fuga.
Fue una forma
terrible de enterarse que los habían matado. Sus familiares supieron, como gran
parte de la población, que la supuesta fuga era una mentira. Por disposición
del administrador municipal del cementerio –quien se rehusó a autorizar que se enterraran
cuerpos sin la inscripción legal correspondiente- las trece víctimas fueron reconocidas por el
Registro Civil. Un funcionario tuvo la difícil tarea de tomar sus huellas. Los
sepultaron sin tumbas en un sitio sin identificar del Cementerio Municipal de
Copiapó, el que cerraron al público. Sus cuerpos no fueron entregados a sus
deudos.
Los detenidos
que provenían de la División Salvador de Codelco Chile, Benito Tapia, Ricardo
García y Maguindo Castillo fueron ejecutados horas más tarde, durante el día 17
de octubre y hasta la actualidad sus cuerpos no han sido encontrados.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Atacama ha
alzado la voz respecto que Arellano Stark y sus hombres los asesinaron en el
Regimiento Atacama -hoy Rafael Torreblanca-, tomando en consideración varios
elementos. El primer antecedente son los peritajes realizados a los cuerpos en
1990 cuando los encontraron en la fosa clandestina. En una declaración pública
emitida al conocerse el fallo judicial final declararon:
“Inmediatamente
después la comitiva de la Caravana de la Muerte, según testigos militares de la
época, los llevaron a todos al regimiento local y no a la Cuesta Cardones donde
supuestamente los fusilaron. En la madrugada del 17 de octubre de 1973, los
asesinaron a todos, en el mismo momento y en el mismo lugar al interior del
Regimiento. Diecisiete años más tarde, el 27 de julio de 1990 se halló la fosa
clandestina donde habían sido escondidos los cuerpos de los 13 ejecutados de
Copiapó, y donde no estaban los tres ejecutados de El Salvador. En los exámenes
de peritaje en Instituto Médico Legal sólo se encontró una bala en uno de los
cuerpos, el resto eran sólo cortes de corvos, cuchillos, yataganes, quebraduras
de cráneos y quemaduras de sopletes. Lo que se puede demostrar con las imágenes
del momento en que los cuerpos fueron desenterrados de la fosa”.
El año 1990,
respecto se iban conociendo antecedentes de los peritajes hechos a los cuerpos
al exhumarlos, ante la presencia de familiares de las víctimas, fueron
publicadas noticias en medios de comunicación que daban cuenta de la brutalidad
y extrema crueldad de los victimarios.
“Tres de los
cuerpos fueron encontrados decapitados” consigna Diario Atacama del 31 de julio
de 1990. Y en la conferencia de prensa entregada por la agrupación de
familiares, Angélica Palleras -hermana de Adolfo Palleras- detalla “ellos fueron
encontrados en una fosa común a la que habían sido tirados como despojos y con
claras huellas de haber sido masacrados”. Mientras que el abogado Erick
Villegas, citado en la misma nota, detalló que los cuerpos fueron quemados en
la fosa con el fin de impedir su identificación, la que tenía una profundidad
cercana a los 30 centímetros y cubierta con dos sacos de cal.
Otros indicios
de la alevosía aparecen en el libro “Historia de un hombre que se negó a huir”
de Zita Cabello. En él relata la entrevista que le hizo al funcionario del
Registro Civil, Víctor Bravo, a quien los militares fueron a buscar a su
domicilio el día miércoles 17 de octubre a las 19.00 horas y sin ninguna
explicación lo condujeron hasta el regimiento donde lo hicieron esperar cerca
de cuatro horas. Alrededor de la medianoche, un oficial nuevamente lo hizo
subir a un jeep militar rumbo al cementerio.
“Abrieron la
puerta de atrás del cementerio y entramos con el jeep. Estacionaron el jeep al
lado de un camión. Vi a alguna gente paseándose. Estaba oscuro. No podía verles
las caras. Muchos de ellos me conocían, porque me saludaron por mi nombre. Una
vez adentro, reuní todo el valor necesario para preguntar por qué me habían
traído hasta ahí. En ese momento, encendieron las luces de un camión y,
apuntando hacia el suelo, alguien dijo ‘para esto’. El libro omite el relato
sobre el estado de los cuerpos dado por este funcionario, sólo nos dice que
hubo lágrimas entre esas palabras y que ella terminó muy afectada y con
náuseas.
El libro de
Patricia Verdugo “Pruebas a la Vista”, en cambio, da más antecedentes sobre lo
que observó este funcionario: “Fue terrible la identificación de esos
cadáveres, considerando que conocía a muchos de ellos. Lo que más me
impresionó, entre otros, fue ver el cuerpo de Alfonso Gamboa, a quien le
faltaba casi toda la mandíbula y su cuerpo —piernas, brazos y manos—presentaba
muchos balazos. Todos los cuerpos presentaban este tipo de heridas (...)
Algunos estaban degollados y con heridas cortantes. Todos los cuerpos estaban
acribillados y con múltiples heridas a bala. Por ejemplo, a Jaime Sierra le
faltaba un ojo y Leonello Vincenti, quien era profesor del colegio de mi hijo,
presentaba heridas con arma blanca en su cuerpo. Entre ellos también reconocí a
un niño, estudiante de Pedagogía, a quien había casado días antes; también a
Pedrito Pérez y a tantos otros. Fue todo realmente triste e impresionante. Los
cuerpos, en total, eran trece”, detalla el libro de investigación.
En otro capítulo
del texto escrito por Zita Cabello,
explica que en el informe de autopsia hecho a los trece cuerpos, aparece que el
de Winston Cabello no tenía heridas de bala, por el contrario la causa de
muerte fue “trauma torácico producido por un objeto afilado”. La autora también
relata el diálogo sostenido en noviembre de 1974 con su amiga Ximena de la
Barra sobre cómo había perdido la vida su hermano: “un teniente llamado Armando
Fernández Larios lo mató abriéndole el abdomen con un corvo. Fernández le
confesó personalmente el crimen a un amigo mío que es siquiatra. Dijo que el
camión que llevaba a los presos se detuvo veinte minutos, al sur de Copiapó, en
un lugar llamado Cuesta Cardones. Todos los guardias habían estado bebiendo,
empujaron a los presos fuera del camión y los obligaron a correr por el
desierto. No dejaron de reírse mientras mataban a sus víctimas. Tu hermano
desafió a Fernández Larios a matarlo ahí mismo. ‘No pienso correr’ le dijo
Winston. ‘Nadie podrá acusarme de tratar de escapar’. Winston había adivinado
el plan de los militares. Fernández estaba furioso con su actitud desafiante y
lo golpeó. Después, sacó su cuchillo militar y le abrió el abdomen” señala en
su libro.
En abril de 2017
la Corte Suprema condenó a seis miembros del ejército en retiro, Sergio
Arredondo, Pedro Espinoza, Patricio Díaz, Ricardo Yáñez, Waldo Ojeda y Marcelo
Marambio, por las ejecuciones correspondientes a los detenidos provenientes de
Copiapó y por secuestro calificado a las víctimas provenientes de El Salvador.
Las penas fueron por 15 años y un día de presidio a los ex oficiales del
ejército Arredondo y Espinoza, en calidad de autores de los delitos, y de 11
años de presidio para Patricio Díaz como autor de homicidio calificado de las
trece víctimas.
En tanto, los ex
oficiales del ejército Ricardo Fernando Yáñez Mora, Waldo Antonio Ojeda Torrent
y Marcelo Arnaldo Marambio Molina recibieron penas de 10 años y un día de
presidio, por su responsabilidad en los mismos delitos.
La caravana de
la muerte recorrió también las ciudades de Cauquenes, La Serena, Calama y
Antofagasta asesinando a setenta y cinco presos políticos.
UN EXPEDIENTE
HISTÓRICO
Carmen Hertz fue
la primera en romper el paradigma de la época en materia judicial e interponer
una querella por la muerte de su esposo a manos de la caravana de la muerte en
su paso por Calama. Angélica Palleras se enteró de este hecho y comprendió que
era importante pedir justicia. La primera respuesta, cuando viajó a Copiapó y
se sentó en la silla del funcionario del obispado que trabajaba en esta materia
fue que era imposible. Ella no quedó conforme con esa contestación y decidió conversarlo
con el Obispo Fernando Ariztía.
La puerta estaba
siempre abierta para los familiares de las víctimas de la dictadura como
también para quien lo necesitara. El Obispo la saludó cariñosamente y la
escuchó con atención. Estuvo de acuerdo, y le recomendó al abogado Erick
Villegas, que trabajaba con el obispado, diciéndoles que había salvado hartas
vidas con su trabajo a través de acciones judiciales, liberando a jóvenes, sobre todo estudiantes, alguien muy
comprometido con su labor.
La querella
interpuesta por Carmen Hertz se cerró muy pronto. En cambio, Angélica, comenzó
a trabajar con Erick Villegas. Él le entregó una ficha y acordaron un método de
trabajo para probar lo ocurrido con las
víctimas de la caravana de la muerte y así demostrar que no habían sido
ejecutados bajo la ley de fuga.
Angélica
recuerda lo que fue ese trabajo, arduo y emocionalmente muy duro, pero también
reconfortante.
-Él me dijo
‘necesito saber quién era tu hermano, a qué se dedicaba, donde lo detuvieron,
testigos, donde se lo llevaron y que pasó con su periodo en la cárcel’. Hice un
trabajo puerta a puerta, en las poblaciones donde estuvo, quién lo ayudó,
personas que estaban en la cárcel, vecinos o que lo vieron en el regimiento,
compañeros presos. No fue fácil porque había mucho miedo, ex presos políticos
cerrados, pero otros hablaban, me fue bien con la gente, con los pobladores,
porque mi hermano era dirigente en las poblaciones del campamento Arnoldo
Ríos. Inclusive tuve testimonios que
fueron fundamentales que dieron militares de las poblaciones, en la casa de una
señora me hicieron esperar y me acuerdo que un militar entró por las paredes… y
en el patio, ahí llegó, se sentó y me dijo ‘hágame todas las preguntas y le voy
a cooperar’ –cuenta Angélica sobre la búsqueda de testigos y testimonios.
Fueron dos los
que colaboraron con la investigación, que estuvieron en el regimiento usando un
uniforme. Le contaron que fue una noche de terror, que el olor de la sangre se
sintió y el aire estaba caliente. Escucharon los gemidos del dolor de las víctimas
y el placer y la prepotencia con que cometieron el crimen los militares que
venían de afuera, en el helicóptero, le dijeron que vieron salir cuerpos en
bolsas de polietileno y los cargaron en un camión donde la sangre chorreó. Que después,
cuando esos vehículos volvieron al regimiento, les costó lavarlos, la sangre
permanecía. Que el trauma para ellos no pasó. Fue un episodio de su vida que
nunca olvidaron.
También le
dieron alguna información para en base a argumentos militares dieran cuenta que
se trataba de un montaje: si los hubiesen trasladado realmente deberían
haberlos llevado al norte y no al sur, porque la jurisdicción militar estaba en
Antofagasta; indispensable el uso de escolta, vigilados por guardias armados
dentro del camión –sólo iba un chofer y un copiloto- y no podrían haber
abandonado el regimiento con tantos detenidos sin antes haber revisado el
vehículo, con el fin de evitar averías.
Para sorpresa de
muchos, esta causa prosperó bastante, hasta que un juez se declaró incompetente
y lo envió al tribunal militar. Pero la causa fue una de las que sirvió de base
para la querella contra Pinochet en España, la que permitió el desafuero de
Pinochet y también para muchas posteriores en diversos lugares del país, que
fueron dando cuenta de lo sucedido con la caravana de la muerte.
Llegado los años
’90 y ya con las exhumaciones de los cuerpos hechas y un nuevo proceso donde agruparon
todas las querellas correspondientes a víctimas de la caravana en una misma
ciudad –por episodios- Angélica continuaba preguntando por qué no habían
establecido que las víctimas murieron bajo tortura en el regimiento. Habló con
el Juez Guzmán, quien llevaba los casos y le aconsejó que pidiera la causa
completa, ya que ahí debía estar el informe tanatológico. Eso hizo y para su
sorpresa, no estaba.
Ese informe se
perdió cuando estuvo en los tribunales militares. Por eso ahora Angélica está
trabajando con un equipo en un libro que sirva para esclarecer lo acontecido:
- Estoy
escribiendo un libro sobre la caravana,
para entender que era ese avión volando dejando muertos, quiénes son ellos, de
dónde vienen, quién los mandó y ahí empecé a trabajar y a esta altura puedo
comprobar en toda la investigación que esto fue una misión de la CIA, porque
había que endurecer al ejército rápidamente, a los altos mandos regionales,
pedirles los prisioneros y matarlos… deshonrar a los mandos locales y
someterlos a uno central, porque había que matar, eran enemigos de guerra, una
guerra fría que existía en el mundo donde estaba Estados Unidos y el socialismo
y todo aquel que sea, parezca, piense comunista hay que matarlo y eso es lo que
debía tener claro el ejército chileno y los debía declarar su enemigo… y para
pensar así mataron a los propios militares chilenos – me cuenta Angélica
Palleras sobre ese texto donde promete que recuperará gran parte de la
información perdida.
En la
actualidad, la agrupación de familiares y amigos de detenidos desaparecidos y
ejecutados políticos de Atacama sostiene que las víctimas de la caravana de la
muerte perdieron la vida a causa de torturas en el Regimiento, y que esta
verdad no quedó establecida en el expediente judicial debido a la pérdida de
los documentos relativos a los peritajes a los cuerpos realizados en 1990 que
así lo acreditaban, la que se produjo mientras dichos antecedentes estaban en
manos de la justicia militar. Por esa razón, cada año al recordar este hecho,
hacer una velatón, una romería o visitar el memorial en el cementerio siempre
recuerdan esta verdad, para que no se pierda en el tiempo.
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| Todos los 17 de octubre en Copiapó se realiza una conmemoración de la Caravana de la muerte, fotografía de 2018 en el cementerio de Copiapó. |
