Aladín tenía
treinta años, trabajaba como
perforero en la Cooperativa Regional Minera Bateas Ltda., era militante y
dirigente político comunista y un activo impulsor de la rearticulación de dicha
colectividad en la clandestinidad. Según escribió en “Temas en domingo” en
Diario Atacama de junio de 1990, el
entonces abogado de derechos humanos en la zona, Eduardo Morales Espinoza, “era
militante de las Juventudes Comunistas, Secretario del Comité Local de Tierra
Amarilla y miembro del Comité Central después del golpe de Estado, jugó un rol
destacado en la reorganización de la Jota en Atacama, ayudando a estructurar
las bases clandestinas que hicieron los primeros rayados, que lanzaron los
primeros volantes, que crearon las primeras organizaciones”.
En la época de Allende había sido un dirigente
político y social destacado. Viajó a Alemania y España en esa época, según
constaba en su pasaporte. Algo que en las horas de
tortura que experimentó durante esa noche, le preguntaron una y otra vez. Al
menos eso le explicó a Ulda Leyton, su pareja.
- Mi cónyuge me
comentó que al momento de su detención le dijeron que era él militante del
partido Juventudes Comunistas y que le tenían un pasaporte de cuando él salió
del país, sabían todo el movimiento que él tenía -señala Ulda en su declaración
judicial.
Aladín volvió a
su casa ya que cerca de las once de la mañana lo dejaron libre. Llegó lleno de
moretones en la cara, en el cuerpo, heridas y quemaduras especialmente en los
pies y zona genital, provocadas por la aplicación de corriente. Sus vecinos y
su esposa vieron el lamentable estado en el que se encontraba.
Peor aún fue
cuando le dijo a su esposa que a las veinte horas debía volver al regimiento
para firmar unos documentos. Si no lo hacía, habían amenazado que irían por
ella. Tenían tres hijos a quienes proteger: Aladín Wladimir, de cuatro años; Catherine
Andrea de tres, y Ninel Victoria de tan sólo meses, así que haría lo más
valiente: presentarse. No sabemos si hubo conversaciones entre el matrimonio,
si él pensó en arrancar, tomar rumbo a la cordillera, esconderse en alguna de
las minas de la zona. Lo cierto es que la angustia de su pareja, y la comprensión
del alto peligro frente al cual estaba Aladín, se reflejó en que Ulda,
contrariando lo que le había pedido su esposo -frente a la advertencia de los
militares de que debía volver solo- lo
siguió al regimiento caminando.
Aladín iba en su
motocicleta, muy característica y apreciada en aquella época, marca “Gilera”,
así que llegó mucho antes que Ulda. Cuando ella llegó hasta la puerta del
regimiento, vio estacionada su moto al interior del recinto, le preguntó al
soldado que hacía la guardia por su marido. Él le respondió que lo había visto
entrar, pero no había salido. Ulda esperó, todo lo que su paciencia y su
angustia le permitieron hasta que, saltándose todo protocolo, ingresó al
regimiento. Allí un oficial groseramente la hizo abandonar el recinto militar,
bajo las peores amenazas.
Desde ese
momento, su esposa, familiares y amigos nunca volvieron a verlo. Ulda quedó con
sus tres hijos en una situación difícil:
-Tenía veinte
años a esa fecha y se quedó con tres niños, y vivió un desamparo total ya que nadie
la amparó, a esa fecha estaba completamente sola, nosotros la ayudamos en la
medida que pudimos – señala Josefina Araya ante la Comisión de Verdad y
Reconciliación el 28 de julio de 1990, madre del actual cónyuge de Ulda Leyton.
Las viviendas de
la población donde vivía Aladín con su familia fueron allanadas. Ulda tuvo que
resistir tener un militar afuera de su casa durante un tiempo. La casa de su
madre también fue allanada.
El 24 de abril
de 1975, la madre de Aladín, Dulcinea Ramírez Ramírez, denunció en la Comisaría
de Investigaciones de Copiapó la desaparición de su hijo. Al día siguiente, los
antecedentes pasaron al Primer Juzgado del Crimen de Copiapó, quien acogió la
denuncia de presunta desgracia, rolándola con el N° 22.852. Fue rápidamente cerrada,
las únicas diligencias hechas por detectives fue entrevistar a la demandante y
buscar al desaparecido en diversos locales nocturnos y de esparcimiento.
Sin embargo, un
oficio del juez a cargo al Teniente Coronel Álvarez Sgolia fue respondido,
permitiendo acreditar la permanencia del minero en el regimiento. El comandante del recinto militar y jefe de
la zona en estado de emergencia de la Provincia de Atacama, respondió que el
afectado efectivamente había sido detenido por personal de “la Unidad a mi
mando el 9 de abril de 1975, por ser presidente de las JJ.CC. de la comuna de
Tierra Amarilla y tener sospechas de estar efectuando reuniones clandestinas”
indicando que había quedado en libertad “el 12 de abril del presente año por no
haberle constado culpabilidad”.
Las gestiones
judiciales fueron numerosas y sin ningún resultado efectivo hasta 1990. En
febrero de 1992, la Comisión de Verdad y Reconciliación reconoció su desaparición
como consecuencia de actos cometidos por agentes del Estado, en violación de
sus derechos humanos. Y posteriormente en enero de 2001, producto de un acuerdo
alcanzado en una mesa de diálogo, las Fuerzas Armadas y Carabineros entregaron
un informe señalando que Aladín Rojas fue detenido en abril de 1975 y ejecutado
en mayo de ese año, siendo sus restos arrojados al mar presumiblemente frente
al puerto de Caldera.
Condenados por
su desaparición:
Carlos González Trujillo.
Patricio Román Herrera.
Francisco León Jamett.
Juan Valderrama Molina.
Pedro Vivian Guaita.
Adolfo Lapostol Sprovera.
Sergio Sánchez Parra.
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